Fitosanitarios

JUEZ Y PARTE EN LAS INSPECCIONES DE EQUIPOS FITOSANITARIOS

Los productos fitosanitarios son sustancias que no solo requieren complejos, largos y costosos procesos para su aprobación y registro, sino que también exigen sistemas de inspección de los equipos de aplicación que garanticen su correcto funcionamiento, al igual que se hace en otras muchas máquinas, como coches, calderas, etc. Todo ello orientado a garantizar la seguridad del medioambiente y de las personas, tanto consumidores como aplicadores; estos últimos y con carácter general, los propios agricultores.

En estas últimas semanas ha aflorado un conflicto de intereses ya latente hace tiempo, entre Asaja y Cooperativas Agroalimentarias por un lado, y por otro la Asociación Nacional de Estaciones ITEAF (Inspección Técnica de Equipos para la Aplicación de Fitosanitarios)-ANITEAF.

Cooperativas Agro-alimentarias de España y la organización agraria Asaja han afirmado en un comunicado conjunto que el grupo de empresas privadas que participan en la inspección técnica de equipos de aplicación de fitosanitarios, representados por ANITEAF,  maniobra para controlar este servicio a través de un supuesto oligopolio. En todo caso, una amenaza que en caso de hacerse realidad daría pie a actuar a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, bien de oficio o por denuncia de terceros.

Por su parte, ANITEAF ha denunciado un fraude generalizado en las inspecciones que han venido realizando las estaciones ITEAF vinculadas a cooperativas y sindicatos. Han ido más lejos y han anunciado que en caso de que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) ceda a su presión,  llevarán el caso ante altos organismos internacionales.

El hecho es que desde que se instauró en España la obligatoriedad de que los equipos fitosanitarios fueran sometidos a inspección, cooperativas y organizaciones agrarias han desarrollado esta función. ANITEAF afirma que lo hacen sin estar acreditadas por ENAC, una certificación que garantiza la calidad y objetividad de las inspecciones, y un requisito exigido en el RD 1072/2001. Este incumplimiento debería impedir su actividad en este campo. Ante esta amenaza real, promovida lícitamente por ANITEAF, es natural que estas organizaciones agrarias hagan presión política a un Ministerio, mucho más afín a sus intereses que a los del sector industrial; pero todavía más razonable que las empresas de ANITEAF ejerzan otro tipo de presión orientada a forzar el cumplimiento de la norma. Sin olvidarnos, por supuesto, de que una hipotética desaparición de las organizaciones agrarias como entidades certificadoras, encarecería el servicio al agricultor.

Se vislumbran dos opciones. O bien el MAPAMA aplica la ley tal cual, en cuyo caso debe inhabilitar para estas funciones a las organizaciones agrarias, o cambia la ley y elimina este requisito. La cuestión es, ¿esta certificación nos aporta seguridad al ciudadano y al medioambiente? De ser así, la decisión parece clara y la ley no debería ser cambiada. Y si no es así, ¿por qué se incluyó en la norma actual?

Una pregunta que cabría hacerse es si todas estas empresas y organizaciones podrían convivir en el mercado. La realidad es que no, ya que los costes de una empresa privada no son comparables a los de asociaciones sin ánimo de lucro cuyos ingresos provienen en buena parte de subvenciones a fondo perdido de las diferentes administraciones públicas. Debido a esto, el precio al que estas organizaciones pueden ofrecer este servicio es mucho menor que el de una empresa privada, haciendo muy poco competitivas a estas últimas. Siendo así, es natural que las empresas pidan que todos jueguen con las mismas reglas y, al menos, que cumplan por igual con la legislación vigente.

Por otro lado, no parece razonable que el fin social de estas organizaciones agrarias permita dar determinados servicios, en particular aquellos en los que se convierten en certificadores de sus propios asociados, con aparente conflicto de intereses. Parece de Perogrullo: no se puede ser juez y parte.

About Juan Quintana Cavanillas

Juan Quintana Cavanillas
Director y presentador del programa ‘La Trilla’ en Capital Radio, todos los sábados de 08.00 a 09.00 horas. Columnista desde hace más de 10 años en el Grupo Vocento. Director de comunicación y Asuntos Públicos en la farmacéutica Grünenthal.

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