EL BREXIT Y LA DISCIPLINA FINANCIERA AGRARIA

La Unión Europea (UE) tiende a ser muy disciplinada, a veces en exceso, aunque lo incumple con alguna frecuencia. En no pocos casos, ante una cierta falta de autoridad, decide delegar en los países decisiones trascendentes que la propia UE no puede llegar a adoptar, debido a los propios bloqueos inter-institucionales; un claro efecto secundario de la multicefalia que caracteriza a los organismos europeos. No cuesta mucho recordar la reducción de producción de leche para restructurar un mercado sin cuotas, la nacionalización de las autorizaciones de determinados productos biotecnológicos, etc.

Este principio de disciplina sí se cumple con bastante rigor en el ámbito financiero, como se constata con la llamada reserva de crisis. La Comisión Europea ha vuelto a aprobar una propuesta para reducir el gasto en ayudas directas a los agricultores en 2018, creando así una reserva financiera para atajar crisis no previstas. Con ello se crearía un colchón de casi 495 millones de euros. La forma de obtenerlo es aplicar retenciones de casi el 1,4% de las ayudas correspondientes a pagos directos, cuando estos sean superiores a 2.000 €. Supone solo un 2% más que en 2017. Un pequeño incremento, quizás suficiente para este año, pero claramente deficitario en los venideros, cuando la salida de Reino Unido de la UE sea efectiva. En todo caso, tampoco a la reserva de crisis se le debería dar este uso, ya que el Brexit es una crisis prevista; aunque sí nos da una idea la magnitud del problema.

El propio Comisario de Agricultura Phil Hogan recordaba hace unos días en Madrid que el Brexit va a suponer un coste significativo para la Política Agrícola Común (PAC), ya que Reino Unido es un contribuyente neto. Valoraba la pérdida neta de fondos de la PAC en 3.600 millones de euros. Este importante dato rompe con una de las teorías que se habían implantado en el sector, que sostenía que debido al llamado cheque británico, la salida de su sector agrario iba a ser positiva para la PAC. Ahora la Comisión deberá actuar con otras herramientas para reequilibrar la gestión de esta política.

Si efectivamente se produce esta esperada reducción de recursos, el gasto, las ayudas de la PAC a los agricultores, deberán reducirse. En este hipotético escenario se deberá condicionar la adjudicación de las mismas a la aportación de valor real a la economía, al medioambiente o a la sociedad en general. El greening es un ejemplo, manifiestamente mejorable, pero que actúa con este principio; aunque no puede ser el único.

Otro aspecto que cada vez toma más fuerza es la aportación de valor en la cadena alimentaria, entendiendo la producción agraria como una parte de la misma. La cuestión es cómo medir el valor generado. Por otro lado, para poder trabajar realmente con un concepto de cadena es necesario cambiar las normas del juego o, al menos, los mecanismos que las regulan. En este sentido las normas de competencia, clave de nuestro libre mercado, no pueden ser conculcadas por el mero hecho de que los diferentes escalones de una cadena lleguen a acuerdos; algo que está siendo perseguido con tenacidad. Hay que recordar que no se trata de acuerdos entre los agentes económicos que pertenecen a un mismo eslabón, lo que podría generar oligopolios. Si no se consigue un funcionamiento operativo y coordinado de la cadena, la aportación de valor no podrá ser maximizada por el agricultor y el ganadero.

Otro tema que no se debe olvidar son los seguros de rentas, un objetivo del gobierno español y de la UE en su conjunto. Sin duda una buena alternativa para el sector, aunque su financiación, con mucha probabilidad, surgiría de los fondos PAC, por lo que poco podrá contribuir al reequilibrio financiero.